jueves, 23 de junio de 2016

Consideraciones para la invocación de la Carta Democrática Interamericana (IDC)

Preparado por la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA 5 de mayo de 2016.

El IDC, la resolución de la Asamblea General de la OEA, aprobada el 11 de septiembre de 2001, dispone de diferentes vías que le permiten ser invocada.

El artículo 17 permite a cualquier gobierno de un Estado miembro de hacerlo cuando considera que su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder está en riesgo, lo que le permite solicitar la intervención del Secretario General o el Consejo Permanente.

El artículo 18 autoriza al Secretario General o al Consejo Permanente que disponer visitas y otras acciones con el consentimiento del gobierno afectado.

Considerando que el artículo 19 se refiere a las situaciones de alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático; El artículo 20 describe los procedimientos a seguir en el primer caso citado en el artículo 19. En ambas situaciones, no es ni una solicitud ni consentimiento del gobierno del Estado afectado.

Una dificultad ya se ha señalado por el anterior secretario general en un informe al Consejo Permanente (CP / Doc. 4184/07, de 4 de abril de 2007) se relaciona con el concepto de "gobierno". Los artículos 17 y 18 de la CDI se refieren a la "petición del gobierno" y el "consentimiento del gobierno." El Consejo Permanente y en última instancia, la Asamblea General son los órganos donde están representados los gobiernos, y que deciden qué acciones tomar. En el estado actual de la ley parece difícil aceptar que los funcionarios del gobierno que no esté designado y acreditado por la rama ejecutiva puede representar ese estado en esos órganos. Es cierto que, de conformidad con el derecho internacional, todos los poderes forman el gobierno (por ejemplo, la Convención de Montevideo de 1933) y que sus acciones generan responsabilidad internacional para el Estado; pero no es menos cierto que las órdenes jurídicos internos y constituciones nacionales, dan la rama ejecutiva, y no a otros poderes, la representación internacional del Estado, que ha sido tomado y se incorporan en las normas internacionales relativas a las relaciones diplomáticas y consulares o la adopción de los tratados.

Por lo tanto, en ausencia de consentimiento de la rama ejecutiva, que no permite la consecución de los canales previstos en los artículos 17 o 18, y no tener una interrupción del orden democrático, el único camino es la aplicación del artículo 20.

Esta ruta se inicia mediante el cumplimiento de los siguientes requisitos:

• la condición para alegar ésta es que hay una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado miembro de la OEA;
• El Secretario General o cualquier Estado miembro puede invocar;
• el Consejo Permanente es el órgano que decide si hay una alteración del régimen constitucional y hace que las decisiones que estime apropiadas.

La pregunta obvia es qué se entiende por alteración del régimen constitucional.

En primer lugar se debe determinar cuando hay una alteración. Los artículos 3 y 4 indican cuáles son los elementos esenciales y componentes del orden democrático. Hay una alteración cuando uno o más de estos elementos o componentes enumerados en esos artículos se ven afectados. En 2009, el Comité Jurídico Interamericano afirmó que "la alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático" (. Artículos 19 y 20 de la CDI) son situaciones que deben considerarse a la luz de la validez de lo esencial elementos de la democracia representativa y los componentes fundamentales del ejercicio de los mismos "(CJI / RES. 159 (LXXV-O / 09).

Sin embargo (art.20), la determinación del momento en que la alteración es grave está sujeto a la evaluación realizada en conjunto por el Consejo Permanente. El Consejo adopta su decisión por mayoría de los votos de los Estados miembros de la OEA (18 votos). Se trata de una valoración política sobre la base de los elementos sometidos a su consideración. El Consejo podría:

• tener en cuenta que no hay alteración o
• que, aunque pueda existir no es suficiente como para poner en peligro gravemente el orden democrático. En este caso, el procedimiento termina. O podría
• tener en cuenta que no es tal alteración.

En este último caso se sigue el procedimiento establecido en los apartados siguientes del artículo 20:

• llevar a cabo las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la restauración de la democracia y en caso de que no tienen éxito
• convocar una sesión especial de la Asamblea General de acuerdo con el artículo 20, apartado 3 y 4 (el voto de las dos terceras partes -24-- del miembro de los estados están obligados).

La Asamblea General podría proponer nuevas iniciativas diplomáticas, y en esta situación si se determina que hay una ruptura del orden democrático, decidir la suspensión del Estado miembro (artículo 21). No podemos confundir la "ruptura del orden democrático" con la "alteración del régimen constitucional;" se trata de dos situaciones diferentes a lo establecido en el artículo 19 que se refiere que ambos son "obstáculo insuperable para la participación de su gobierno en la sesión de la general Asamblea…". En el primer escenario no hay gobierno; en la segunda, es que existe, por lo tanto, el procedimiento contemplado en el artículo 20 que se detallan las posibles acciones ante las autoridades nacionales.

Estas son las opciones legales establecidos en la Carta Democrática Interamericana de la Organización, su Consejo Permanente y el Secretario General con el fin de ayudar a un Estado miembro cuando se considera que su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder está en riesgo .

Referencia: S-009/16

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